Aureoles se encuentra evadido de la justicia desde el pasado 27 de febrero.
Redacción / La Voz de Michoacán
Morelia, Michoacán.- Silvano Aureoles Conejo, ex gobernador de Michoacán, no se presentó este miércoles a la audiencia en la que hoy iba ser imputado por la Fiscalía General de la República (FGR).
Su defensor Ángel Echegaray Vaca dijo desconocer el motivo de la inasistencia de su representado
La jueza de control de Justicia Penal Federal Patricia Sánchez Nava, era quien lo esperaba para abordar su presunta responsabilidad por peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta, derivado del probable quebranto de 3 mil 412 millones de pesos.
Cabe recordar que apenas el lunes se dio a conocer que una juez federal frenó de manera temporal cualquier nueva orden de aprehensión que haya sido librada contra el ex gobernador de Michoacán.
Jovita Vargas Alarcón, Juez Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, concedió al ex mandatario una suspensión provisional contra cualquier posible mandamiento de captura diverso al que lo mantiene prófugo de la justicia.
En un amparo presentado el pasado jueves por el michoacano, la juzgadora le concedió esta protección judicial, aunque estableció que para mantenerla vigente debe cubrir una garantía de 100 mil pesos, señalan registros judiciales.
Como consecuencia de un primer amparo, la juez Sánchez Nava giró un citatorio al exgobernador de Michoacán para que compareciera este miércoles 20 de agosto a las 10:00 horas a la audiencia de imputación por ese asunto relacionado con haber participado de 2016 a 2017 en la presunta contratación ilegal del desarrollo, arrendamiento y adquisición de siete cuarteles de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal por un monto total de 3 mil 412 millones 165 mil 310 pesos.
Debido a que existen cuando menos otras tres carpetas de investigación en su contra por delitos como lavado de dinero, el ex mandatario presentó la semana un nuevo amparo ante la eventualidad de que la FGR judicialice uno de esos expedientes y obtenga una orden de captura.
