Agencias / La Voz de Michoacán

Los drogadictos mexicanos que quieren dejar su adicción depositan su “esperanza2 en centros de rehabilitación donde sin embargo arriesgan su vida, pues sicarios del narcotráfico van a buscarlos hasta allí, como ocurre en el estado de Guanajuato, el más violento de México.

Estos locales, muchos montados por exconsumidores de estupefacientes y varios de ellos irregulares, son frecuente escenario de tiroteos del crimen organizado, especialmente en ese estado del centro del país.

Algunos son buscados por narcomenudistas con los que mantienen deudas, explica a la AFP Nicolás Pérez, quien dirige una red que agrupa a 180 centros de rehabilitación en Guanajuato.

De 55 años, Pérez señala que ha recibido llamadas extorsivas de presuntos criminales, quienes le piden que entregue a algunos de los internos de los centros que coordina. «Con todo el dolor», él busca a las familias de esas personas para que vayan por ellas.

Ni los líderes de estos centros están a salvo. Tres encargados de uno de ellos, popularmente llamados «anexos», desaparecieron el 2 de junio luego de participar en una reunión de la red que dirige Pérez.

Tras la desaparición, los internos que estaban en el centro de rehabilitación a su cargo fueron devueltos con sus familias.

En otros casos los cárteles asesinan a los internos por sospechar que fueron reclutados por bandas rivales, añade por su parte David Saucedo, analista en temas de seguridad.

Una de las peores masacres ocurrió en julio de 2020, cuando un comando armado asesinó a balazos a 26 personas en una clínica del municipio de Irapuato. En abril, un ataque armado contra un centro de rehabilitación en el estado de Sinaloa (noroeste) dejó nueve muertos.

«Siempre hay esperanza»

«Aún con el temor, la gente busca ayuda», afirma Pérez, de 55 años, quien sufrió alcoholismo y drogadicción 20 años atrás. Hoy asegura que lo que le impulsa es su familia. «Soy padre, abuelo y no me gustaría dejar esta maldita herencia de ignorancia».

«Siempre hay esperanza», afirma Azucena, una voluntaria que dice haber hallado en el centro su «mayor recompensa».

La mujer, que prefirió reservar su apellido por seguridad, paró su consumo hace once años en un anexo de la ciudad de Celaya donde ahora comparte con internos tareas domésticas, ejercicios y reuniones.

Javier Torres, de 44 años, también dejó las drogas en esa clínica y ahora guía a otros adictos. Tras 10 años de abstinencia, recuperó su trabajo como profesor de primaria y la relación con su hija, «el mejor premio».

Solo en Guanajuato, las clínicas pasaron de 150 en 2016 a 290 en la actualidad. «Empezamos a profesionalizarnos», asegura Pérez, al estimar que una quinta parte de las personas que atiende se rehabilitan.

Pérez dice que está certificado como consejero en adicciones. En los centros que coordina, un médico supervisa los períodos de abstinencia de los internos.

Reconoce que décadas atrás se aplicaban castigos, como obligar a permanecer arrodillados a quienes recaían.

En Guanajuato, las adicciones crecen con la oferta de droga.

En el primer semestre de 2015 el 10,4% de los solicitantes de tratamiento en los Centros de Integración Juvenil (CIJ, institución de participación estatal) de ese distrito declaraban haber consumido metanfetamina en los últimos 30 días. 

En 2018 ese indicador se triplicó hasta 32,7% y en 2021 llegó a un pico de 41,3%, superando a la marihuana (37,7%).

Actualmente, el estimulante es «la principal sustancia por la que se solicita atención», dice Nadia Robles, funcionaria de la gubernamental Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones.

Guerra entre cárteles

El aumento en las adicciones en ese estado es resultado de la guerra que libran el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), designado en febrero como «organización terrorista extranjera» por el gobierno de Estados Unidos, y la mafia local Santa Rosa de Lima, explica el analista David Saucedo.

«Entran en conflicto y para financiar esa costosa guerra de cárteles amplían su base de consumo», agrega.

Ambos se disputan el control de la red carretera que cruza Guanajuato y comunica con dos lugares clave para el trasiego de drogas: la frontera con Estados Unidos y el puerto de Manzanillo, en el Pacífico, destino de precursores químicos para fabricar drogas sintéticas provenientes de Asia.

Las bandas narcotraficantes también luchan por conquistar dos importantes mercados de estupefacientes, añade Saucedo. El corredor industrial, que alberga plantas de ensamblaje de autos como Mazda y Toyota, y la turística ciudad de San Miguel de Allende, frecuentada por viajeros estadounidenses.

En el marco de esa espiral violenta, Guanajuato fue el estado con más homicidios de México. En 2024, registró más de 3.000 asesinatos de un total de 30.000.