Ciudad de México. La inclusión de los diversos perfiles migratorios como figuras sujetas de protección internacional y su reconocimiento transversal en los marcos estatales son parte del llamado que hace este viernes el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM) para proteger a las más de 140.000 personas solicitantes de asilo en México.

«Convocamos a fortalecer la acción legislativa a nivel local, reconociendo a las personas solicitantes de protección internacional y refugiadas como sujetas de derecho en los marcos normativos estatales», demandó GTPM a partir de un comunicado emitido en el Día Mundial de las Personas Refugiadas, conmemorado cada 20 de junio.

A nivel mundial, México se posicionó en 2023 entre los cinco países con más solicitantes de asilo, además en 2024 esta tendencia a la alza de flujos migratorios continuó particularmente en los estados de Chiapas (sur), Veracruz (este) y Ciudad de México, la capital del país.

Según el documento, el GTPM, red especializada en el desarrollo de marcos normativos de migración y asilo con una perspectiva de derechos humanos, propuso en primer lugar que el derecho universal a solicitar y recibir asilo tome en cuenta «los principios de universalidad, interdependencia, imprescriptibilidad y progresividad», así como integrar la perspectiva de género, interseccionalidad e interculturalidad.

Considerando que, de acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), las mujeres, niñas y adolescentes necesitan una «atención específica», pues muchas de ellas son «sobrevivientes de la violencia y de la explotación sexual».

Por otro lado, el GTPM también exigió la vigilancia de «los marcos normativos estatales» con el objetivo de que «incorporen una perspectiva de inclusión» con la que sus derechos sean garantizados sin importar en cuál de los 32 estados se encuentren e «indistintamente de su condición» migratoria, de empleo, de vivienda, de seguridad e incluso de la identidad con la que se representen.

De acuerdo con Acnur, en 2024, el 58 % de los migrantes sufrieron algún tipo de abuso en su camino para llegar a México, de ese porcentaje, el delito más común fue robo (36 %), seguido de extorsión (20 %) y amenaza física e intimidación (13 %).