Morelia, Michoacán

Un universo de 20 mil 351 infractores de tránsito y vialidad, así como de orden público, han sido asignados a realizar trabajo en favor de la comunidad, como parte de la sanción impuesta por el juez cívico, en Morelia.

El encargado de despacho de la Comisión Municipal de Seguridad, José Pablo Alarcón Olmedo, refirió que estos infractores corresponden al lapso del 1 de enero de 2022 al 15 de abril de 2025.

Alrededor de 10 mil 200 de estos infractores infringieron el reglamento de tránsito y vialidad; seis mil 700 incumplieron el reglamento de orden público; tres mil 200 fueron penalizados en operativos del alcoholímetro, y 86 acudieron de manera voluntaria.

De las más de 100 mil audiencias ante el juez cívico efectuadas en los últimos tres años, entre 25 y 30% se resolvieron con la aplicación de horas de trabajo en favor de la comunidad.

Alarcón Olmedo mencionó que los 20 mil 351 infractores de tránsito y vialidad, así como de orden público, implican 53 mil 765 horas de trabajo comunitario.

Tras mencionar que suman más de 32 mil 520 horas de trabajo comunitario cumplidas, explicó que 66.6% se han atendido, 19.8% están en proceso y 13.7% no se han cumplido.

Son actualmente 22 las instituciones de asistencia privada, asociaciones civiles, empresas y dependencias municipales las participantes en el programa, donde se tienen actividades como terapias, rescate de espacios públicos, auxilio en la ciclovía dominical recreativa y apoyo en labores de ayuda a la población.

Regularmente, se asignan a los infractores de ocho a 36 horas de trabajo en favor de la comunidad, José Pablo Alarcón mencionó que la elección del sitio donde se hará el trabajo en favor de la comunidad se da con base en el tipo de falta cometida, el reglamento y una entrevista con especialistas.

En los casos donde los infractores no atienden el trabajo en favor de la comunidad, en caso de una futura falta ya no son elegibles para este beneficio, y deben cumplir multas económicas o arresto administrativo.

Asimismo, quienes no estén de acuerdo con la pena impuesta por el juez cívico podrán recurrir la multa ante el Tribunal de Justicia Administrativa, pero se estima que 95% de los procesados están conformes, según 371 encuestas practicadas.

Alarcón Olmedo precisó que el sistema de justicia cívica no busca impulsar la recaudación, sino motivar la educación de los ciudadanos, la prevención de delitos y el resarcimiento de los daños.