Gerardo Durán Arias fue despedido en la Policía de Morelia por su negativa a participar en corrupción, defendiendo siempre la integridad y derechos laborales.

Morelia, Michoacán.-Durante casi seis años, Gerardo Durán Arias desempeñó funciones clave dentro de la Comisión Municipal de Seguridad de Morelia. Fue policía, director de Ejecución de Sanciones Administrativas y enlace con Plataforma México.

En entrevista con Quadratín, Gerardo, quién sigue activo en el servicio público, recordó que fue en 2021 cuando fue despedido, por razones que hoy vincula directamente con su negativa a participar en esquemas de corrupción, su insistencia en hacer bien su trabajo y su defensa de los derechos laborales.

“Mi función era que no hubiera actos de corrupción, que se tratara bien a los ciudadanos; que en lugar de desorientarlos o malorientarlos, se les auxiliara”, recuerda. Durán es abogado con especialidad en criminalística de campo y trabajó desde 2016 hasta 2021 en la corporación.

Primero como elemento de la Policía de Investigación, después como enlace técnico de Plataforma México y finalmente como encargado de la Dirección de Ejecución de Sanciones Administrativas.

Corrupción sin vigilancia

Entre sus principales funciones estaban la supervisión de barandillas, corralones y juzgados cívicos.

Ahí detectó prácticas que vulneraban derechos de los detenidos, como exigirles pagos para facilitar trámites que por ley no tienen costo.

“Les decían: ‘yo te aproximo con el juez cívico a cambio de una bonificación’, cuando eso es ilegal”, narró.

Solicitó reiteradamente la instalación de cámaras en los corralones para frenar actos de corrupción y robos, pero la entonces directora administrativa, Georgina Córdoba Millán, le negó los recursos. “Le giré varios oficios, pero nunca quiso aprobarlo”, acusó.

Durante su gestión, elementos a su cargo detuvieron a personas que intentaban robar piezas de vehículos asegurados, pero también se enfrentó al robo de catalizadores en patrullas bajo resguardo. “Me mandaron llamar en vacaciones para responsabilizarme.

Les dije: ‘¿cómo, si yo estaba de vacaciones?’. Les mostré los oficios donde pedía vigilancia y solicitaba apoyo del área de investigación”, detalló. No se sancionó a nadie y el caso quedó sin resolver.

La presión por “no producir”

Durán también estuvo a cargo de las grúas municipales, aunque luego fueron transferidas a la Dirección de Proximidad Social.

“Me dijeron que no ‘producía’ ingresos, que las grúas debían dejar dinero. Intuí que querían que cobrara dádivas”, dijo.

En su gestión no hubo señalamientos, pero advirtió que operadores podrían exigir pagos ilegales a cambio de no trasladar vehículos al corralón. “Eso hay que vigilarlo”, recalcó.

Los operadores, explicó, debían tener exámenes de control y confianza aprobados, ya que manejaban vehículos oficiales. Cuando fue relevado del control de grúas, entendió que su rectitud no era bienvenida. “Me decían que no tenía que trabajar tanto, que no debía sobresalir”, denunció.

El hostigamiento y la caída

A partir de entonces, el hostigamiento se intensificó: lo mandaban en la batea de las patrullas bajo la lluvia, lo cambiaban de turno sin razón, lo dejaban esperando en puntos sin actividad, revisaban sus boletas de infracción para buscar fallas. Aun así, se mantuvo firme.

Su despido se concretó tras el proceso de entrega-recepción del área bajo su cargo. Durante 15 días, cruzó inventarios y verificó bitácoras sin apoyo alguno.

Aunque lo hacía con autorización verbal de su jefe directo, el comandante Arturo Calderón, le generaron faltas por “ausencia” en su centro de trabajo. Calderón le confesó que la orden venía de su superior.

“Le dije: haga lo que tenga que hacer, yo me defenderé”, narró. Fue citado por Asuntos Internos para firmar un documento sin previo aviso, que resultó ser su notificación de baja, fechada el 15 de abril de 2021, ya durante la administración del alcalde Alfonso Martínez Alcázar, aunque buena parte del proceso comenzó en la gestión de su antecesor, Raúl Morón Orozco.

La trampa de la Mesa de Honor y Justicia

El procedimiento careció de legalidad desde el inicio. Nunca fue notificado de audiencia por parte de la Mesa de Honor y Justicia, órgano encargado de definir la situación de los policías. “Ni siquiera me dieron derecho de audiencia. Supongo que sabían que podía defenderme”, acusó.

La resolución fue entregada incompleta. El Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán se negó inicialmente a aceptar su demanda hasta que, minutos antes de vencer el plazo legal, otro magistrado ordenó admitirla. “Me estaban exigiendo un documento del cual no fui partícipe, absurdo”, dijo.

Cuatro años de batalla legal

Su defensa quedó en manos del abogado Óscar Lemus. Aunque en primera instancia el tribunal resolvió en su contra, un amparo federal modificó la sentencia.

“El juez federal determinó que se me habían violado garantías al no seguir el debido proceso”, explicó. El Juzgado 11 en Materia Administrativa ordenó restituir sus derechos y pagarle todas las prestaciones reclamadas.

Durante el litigio, Durán identificó una intención clara de desacreditarlo. “Querían hacerme quedar mal frente a los compañeros. Como no encontraron nada, usaron el pretexto de las faltas para despedirme”, afirmó.

Incluso sostiene que el entonces secretario del ayuntamiento, Humberto Arróniz Reyes, fue quien avaló la decisión final en una mesa de diálogo con policías inconformes por la pretensión de que los propios trabajadores pagaran el ISR.

Debido a su activismo en contra de esta intentona oficial Durán adquirió liderazgo y popularidad al interior de la corporación, por lo que, desde el más alto nivel en el gobierno de Morelia, en aquel entonces, Arroniz, respaldó su despido para desarticular el movimiento policial que se alzaba contra los manejos del ISR.

“Es mejor dormir tranquilo”

Hoy, tras su reintegración por orden judicial, Durán sostiene que su único “pecado” fue hacer bien su trabajo.

“Aunque se ganan enemigos por ser recto, es mejor dormir tranquilo comiendo frijoles, que andarse cuidando para comerse un pedazo de carne mal habido”, sentenció.

Denunció que el hostigamiento y los despidos injustificados siguen ocurriendo en la corporación.

“La Mesa de Honor y Justicia funciona a puerta cerrada, sin defensor del policía ni todas las autoridades presentes. Incluso hacen firmar pagarés a los policías si se van”, reveló.

También pidió que en los nombramientos de mandos se revise el historial y se exijan los exámenes de control y confianza.

“Hay comisarios y comisionados que no los tienen aprobados, mientras los que sí los tienen y trabajan bien son despedidos por no compartir ideales”, advirtió.

A varios años de su experiencia en la Comisión de Seguridad Ciudadana de Morelia, Durán comparte su historia con la finalidad de que otros oficiales que pudieran ser víctimas de arbitrariedades sepan que es más loable mantenerse firmes que someterse y ser partícipes de la corrupción.

Mientras tanto, destaca la reincorporación de Bernardo León Olea, uno de los impulsores del sistema de justicia cívica, cuya presencia, en opinión de Durán, podría marcar una nueva etapa para la corporación.

Actualmente, el mando de la Comisión de Seguridad sigue a cargo de Juan Pablo Alarcón como encargado de despacho, pese a que ha sido señalado por presuntas irregularidades administrativas y operativas.