El desplazamiento forzado de al menos 668 personas de cinco comunidades rurales de Apatzingán encendió las alertas entre autoridades municipales y estatales, luego de que el Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán denunciara que cientos de familias abandonaron sus viviendas tras una serie de enfrentamientos armados registrados durante la madrugada del 5 de mayo. Mientras el organismo civil documentó la salida de habitantes de Holanda, Cueramato, Guanajuatillo, El Mezquital y Los Laureles, el Ayuntamiento informó que ya trabaja en un censo para identificar a las familias afectadas y conocer su paradero.

Por su parte, la Secretaría de Gobierno (Segob) de Michoacán informó que mantiene una investigación para determinar si el desplazamiento ocurrió en los términos denunciados por el Observatorio y para verificar las circunstancias relacionadas con los hechos de violencia reportados en esa región. El encargado de la política interna del estado, Raúl Zepeda Villaseñor, indicó que ya existe comunicación con integrantes del organismo civil para obtener información puntual que permita confirmar el fenómeno y activar, en caso de ser necesario, los protocolos establecidos para la atención de personas desplazadas.

El Observatorio de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán publicó el pasado 5 de mayo en sus cuentas de Facebook y X un “Aviso Oportuno” dirigido al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla; a la presidenta municipal Fanny Arreola Pichardo; al secretario del Migrante, Antonio Soto Sánchez, y al comandante de la 43 Zona Militar, Francisco Antonio Enríquez Rojas. En el documento se reportó un “evento masivo de desplazamiento forzado interno” derivado de lo que se catalogó una disputa territorial entre grupos del crimen organizado.

El organismo señaló que las familias comenzaron a abandonar sus comunidades durante la madrugada del martes 5 de mayo y precisó que hasta el momento se desconoce el sitio exacto donde se encuentran las personas desplazadas. El reporte difundido en redes sociales refiere que la situación tiene antecedentes desde diciembre de 2020, periodo desde el cual esta zona de Tierra Caliente ha registrado episodios intermitentes de violencia y movilidad forzada de población.

De acuerdo con el documento dado a conocer por el Observatorio, la comunidad con mayor número de habitantes desplazados sería Holanda, con 314 personas distribuidas en 87 viviendas. Le siguen Cueramato, con 168 habitantes y 48 casas; Guanajuatillo, con 123 habitantes y 34 viviendas; El Mezquital, con 58 personas y 15 casas, y Los Laureles, con una familia de cinco personas que abandonó una vivienda.

El organismo también advirtió que otras localidades cercanas podrían encontrarse afectadas por los hechos violentos, entre ellas Acatlán, Cueramatillo, La Damiana, Los Tules y El Lindero. En el documento se explicó que la cifra de comunidades afectadas es preliminar y que los datos poblacionales utilizados corresponden al Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, por lo que el número real de personas afectadas podría variar y ser incluso mayor.

Entre los elementos incluidos en el reporte, el Observatorio sostuvo que la reactivación de las hostilidades ocurrió después del retiro de una Base de Operaciones Interinstitucionales (BOI) instalada por el Gobierno de Michoacán en la localidad de Acatlán hasta el 4 de mayo. También indicó que durante las primeras horas del martes se registraron enfrentamientos en el crucero de Cueramato, situación que habría provocado el desplazamiento de familias a lo largo del día.

Horas más tarde, la presidenta municipal de Apatzingán, Fanny Arreola Pichardo, anunció que el gobierno municipal ponía en marcha un diagnóstico situacional mediante la integración de un padrón para determinar con exactitud cuántas familias y personas abandonaron sus hogares. De acuerdo con versiones de medios locales, la alcaldesa, de extracción morenista, señaló que el objetivo de este ejercicio es identificar con exactitud tanto el número de personas afectadas como los lugares donde actualmente se encuentran.

‘Continúa vigente el Plan Michoacán’

Por su parte, el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, afirmó que el análisis sobre el caso continúa y sostuvo que se busca establecer si existieron enfrentamientos entre células delictivas y si efectivamente se produjo el desplazamiento de habitantes de esas comunidades. Indicó que se trata de un tema sensible y que el gobierno estatal pretende atenderlo con los mecanismos institucionales correspondientes.

El funcionario estatal también declaró que se revisa la información relacionada con el retiro de la BOI en Acatlán. Argumentó que el Plan Michoacán continúa vigente y aseguró que presuntamente no existe una disminución de efectivos federales y estatales desplegados en la entidad. Según explicó, el operativo mantiene presencia de elementos de Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional en distintas regiones, con un estado de fuerza estimado en 10 mil 500 efectivos federales.

Arved Alcántara / La Voz de Michoacán