En México, la inflación no solo se mide en tasas de interés, cadenas de suministro o alzas internacionales. También se mide con miedo, cuotas ilegales y silencio obligado. Una parte invisible pero cada vez más determinante del encarecimiento de los alimentos y servicios tiene su origen en el crimen organizado y su control sobre la economía local.

La Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) lo ha documentado con precisión, el cobro de cuotas criminales se ha centrado especialmente en productos básicos como el aguacate, el limón, el pollo y la tortilla, esenciales en la dieta de millones de mexicanos. Estos cobros afectan toda la cadena: desde el productor hasta el consumidor.

Un caso paradigmático es el del limón. Su precio subió un 8% luego de que productores de Michoacán, el mayor estado productor del país, iniciaran un paro semanal para denunciar el aumento en las extorsiones. En algunos casos, los criminales exigían hasta cuatro pesos por kilo, es decir, más de la mitad del valor de venta. En el caso de la tortilla, los líderes del sector afirman que el cobro de piso genera sobrecostos de hasta 20%, lo que ha llevado a que el precio por kilo alcance hasta 32 pesos en algunas regiones del país.

El fenómeno no es marginal ni anecdótico. Según datos de Coparmex, uno de cada nueve empresarios afiliados fue víctima de extorsión en 2023, y el 65% reportó haber tenido que aumentar su gasto en seguridad, contratando escoltas, blindando vehículos o instalando vigilancia privada.

En Michoacán, el impacto es doble. Aunque el estado no figura entre los cinco más caros en el ranking nacional de la ANPEC —encabezado por Quintana Roo y Tamaulipas—, la disparidad interna en el costo de la canasta básica alimentaria alcanza más de 400 pesos. Según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico estatal, al corte del 2 de mayo de 2025, el precio más bajo se registró en Morelia con $936 pesos en el Tianguis de la Feria, mientras que el más alto alcanzó los $1,420 pesos en un Walmart de Zamora. En municipios clave como Zitácuaro, los precios oscilaron entre $1,138 y $1,294 pesos, y en Lázaro Cárdenas entre $1,201 y $1,356. Esta variación no responde únicamente a factores logísticos o comerciales: también es reflejo de la presión criminal que enfrentan productores, comerciantes y distribuidores, especialmente en zonas donde el cobro de piso y las extorsiones afectan los costos de operación y se trasladan al consumidor.

Cada semana, en mercados, ranchos, tortillerías o rutas de abasto, el crimen impone un “impuesto criminal” que  precariza los negocios. Y esas tarifas no las absorben los comerciantes: las paga el consumidor final. Así, la extorsión se convierte en una variable inflacionaria encubierta, fuera del radar estadístico oficial pero presente en cada compra cotidiana.

Lo más alarmante es que, para muchos, pagar extorsión se ha vuelto parte del “costo de hacer negocios”. Denunciar es visto como inútil o incluso peligroso. La impunidad, la falta de protección y la inacción institucional han hecho que el crimen no solo opere en la sombra, sino a plena luz del día, escalando el nivel de violencia.

Así, en Michoacán y en buena parte del país, la inflación ya no es solo un fenómeno monetario. Es también el reflejo de una economía criminal que ha tomado control de sectores clave. Desde el jitomate hasta la tortilla, desde la leche hasta el gas, todo lo que se mueve paga peaje y ese costo lo pagamos todos.

Por eso, combatir la extorsión no es solo un asunto de justicia penal: es una política económica urgente. La narrativa oficial debe ir acompañada de acciones concretas: presencia institucional sostenida, protección real para víctimas, desmantelamiento de redes de complicidad y un sistema de inteligencia financiera que rastree el dinero ilegal. Mientras los criminales sigan cobrando su “impuesto criminal” y las autoridades acumulen denuncias sin castigo, la inflación no será solo un dato técnico: será el precio de vivir bajo esa amenaza criminal.